Pazeño

Atenco, resiliencia y lucha

Las llamaron mentirosas, las tacharon de revoltosas, de guerrilleras, las encarcelaron; durante años enfrentaron procesos penales acusadas de ataques a las vías generales de comunicación, portación de arma, ultrajes a la autoridad y secuestro equiparado. Pero ellas no se doblegaron, no se quebraron, no dieron un paso atrás en su búsqueda de la verdad y la justicia. 

Más de una década tuvo que transcurrir para que una instancia les diera la razón y acreditara la responsabilidad del Estado mexicano sobre los violentos hechos ocurridos en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco, durante los operativos realizados por elementos locales, estatales y federales en 2006.

El pasado 21 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), notificó la sentencia histórica en contra de México por el caso de las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco. 

La CoIDH, encontró culpable al Estado mexicano de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la represión policial desplegada durante los días 03 y 04 de mayo de 2006 en contra de los pobladores de Atenco, cuando la entidad era gobernada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dictaminó, que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia durante dichos operativos.

En su sentencia, la Corte afirma que la responsabilidad de estos hechos no es solo de los policías que lo ejecutaron, sino de toda la cadena de mando. Las autoridades mexicanas incumplieron su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Por lo que ordenó al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. 

Esta es la exigencia que Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez, las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco, le hacen al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

En conferencia de prensa, el pasado jueves, estas valientes mujeres, fijaron su postura en torno a la sentencia de la Corte, su exigencia es clara: el cumplimiento cabal de la sentencia. 

“Todas las medidas son importantes, pero la más relevante para nosotras y, seguramente para la sociedad mexicana, es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, y cito la sentencia, ‘amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos’. No daremos un paso atrás. No nos conformaremos con menos de eso”, declaró Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas.

Su petición es sencilla y clara, quieren justicia. Y el Estado mexicano está obligado a otorgárselas. Como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por dicho órgano.

¿Cómo le hará el nuevo Gobierno para reactivar investigaciones en contra de quienes han sido merecedores del perdón del presidente? 

Como el que fungía como gobernador del Estado de México en 2006 cuando ocurrieron los violentos hechos en Atenco. 

Mientras la sentencia de la Corte ordena al Estado mexicano la creación de un observatorio independiente, un ente de supervisión externa a los cuerpos policiacos, la militarización de la seguridad pública sigue su marcha en el Congreso, los diputados de Morena aprobaron la creación de la Guardia Nacional con apoyo de quienes al parecer serán sus nuevos partidos satélites: el PRI y el PVEM.

Mientras que once mujeres lograron sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y tras diez años de litigio ante el Sistema Interamericano, la CoIDH condenó al Estado por la tortura sexual de la que fueron víctimas, los actores principales, los responsables de la brutal represión ocurrida en Atenco el 03 y 04 de mayo de 2006, permanecen en la total impunidad. 

La sentencia de la CoIDH es histórica, pero también la lucha de once mujeres que decidieron no callar, rompieron el silencio, ante la perversidad de un Estado mexicano que cubre los crímenes de sus gobernantes violando a su paso los derechos de sus gobernados. 

El perdón, las disculpas públicas no bastan. No son suficientes. 

Ellas quieren que la sentencia de la Corte se cumpla en su totalidad y para que eso suceda, el pacto de impunidad debe romperse. 

Este caso en particular por las medidas que ordenó la CoIDH al Estado mexicano para la no repetición de estos delitos, puede trazar un nuevo camino en materia de derechos humanos en nuestro país, o puede ser, el caso que marque el sexenio de quien prometió justicia y la otorgó como sus antecesores: a cuenta gotas, simulada y a discreción.

Enea Salgado

Enea Salgado

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