OpiniónTribuna LibreAndan despavoridos

Después del desistimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), de la causa penal en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, al que la Fiscalía del estado de Chihuahua le imputa el desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas de su partido, delito por el cual un juez de control le había dictado en febrero pasado seis meses de prisión preventiva, sentencia que le...
Enea Salgadooctubre 22, 201841612 min

Después del desistimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), de la causa penal en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, al que la Fiscalía del estado de Chihuahua le imputa el desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas de su partido, delito por el cual un juez de control le había dictado en febrero pasado seis meses de prisión preventiva, sentencia que le fue ampliada a dos años a finales de junio por el juez federal Fernando Payá Ayala con sede en el Reclusorio Norte de la Cuidad de México; y a raíz de su liberación por orden del juez federal Marco Antonio Fuente Tapia, el mismo juez que le dictó sentencia de nueve años al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, el mandatario chihuahuense Javier Corral Jurado lanzó una advertencia y el presidente Enrique Peña Nieto al parecer entró en pánico.

El 28 de septiembre pasado, tras ser liberado el que fuera la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones cuando este fungía como líder nacional del PRI, el gobernador de Chihuahua informó que Gutiérrez quedó en libertad pero no podrá salir de la entidad, ya que enfrenta otra acusación por desvío de recursos públicos, por lo cual porta un brazalete electrónico.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune. Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, declaró enfático Corral Jurado ese día.

Y en Los Pinos, el aún presidente Enrique Peña Nieto, firmó acuse de recibo.

Mientras en ambas cámaras del Congreso comparecían los titulares de Gobernación, Sedatu y la SCT como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, mientras los secretarios hacían gala de su cinismo al presumir logros inexistentes de la Administración peñista y de su desempeño al frente de las Secretarías a su cargo, mientras Navarrete Prida rechazaba que en México se viva una crisis nacional en materia de seguridad y de derechos humanos, mientras Gerardo Ruiz Esparza evadía su responsabilidad por la tragedia del socavón en el Paso Exprés afirmando que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya cerró el caso y sancionó a los responsables, mientras Rosario Robles Berlanga se victimizaba acusando violencia política de género en su contra al ser cuestionada por los desvíos de recursos públicos ocurridos bajo su gestión al frente de Sedesol y Sedatu, mientras este grosero espectáculo ocurría en el Senado y la Cámara de Diputados; nos enteramos que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra funcionarios federales.

En un hecho que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, el presidente y su gabinete buscan ampararse contra cualquier acción penal en su contra. El caso Chihuahua desnudó la columna vertebral que sostiene el pacto de impunidad del Gobierno de Peña con gobernadores priistas y su partido.

La Operación Zafiro exhibió la red criminal que opera desde la más alta esfera del Gobierno de nuestro país: recursos estatales desviados a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para financiar campañas electorales del PRI.

La batalla que libra el Gobierno de Corral Jurado en contra de la corrupción, el saqueo y la impunidad, ha ocasionado más que un simple malestar al presidente. Es la primera vez en la historia de México que el ejecutivo presenta una demanda de este tipo.

La demanda del ejecutivo -Enrique Peña Nieto- firmada por el consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, reclama al gobernador de Chihuahua “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales “.

Qué tanto peso tendrá la investigación del Gobierno de Corral en contra del exmandatario César Duarte y la red criminal que encabezaba, que el consejero jurídico de Peña amplió la controversia constitucional ante la Corte al presentar 35 páginas más donde impugna el Código Penal de Chihuahua, argumentando que el estado de Chihuahua “invade” atribuciones del Código Único de Procedimientos Penales.

Andan despavoridos en Los Pinos. Ni al caso Odebrecht, ni la Casa Blanca, ni el reportaje de La Estafa Maestra, que también dejó en evidencia a la Administración corrupta de Peña Nieto y su pandilla, provocó semejante reacción.

No son tanto los dichos o advertencias del gobernador Corral Jurado los que le han quitado el sueño a Peña y su gabinete, el presidente y sus secretarios conocen del avance de la investigación y saben el peso del morral que llevan cargando desde el inicio de este sexenio. Por eso el temor. De lo contrario, ¿para qué usar a todo el aparato de justicia para blindarse?

El que nada debe, nada teme, reza el dicho. Pero Peña y sus operadores, saben que deben y mucho.

Faltan solo 43 días para que finalice esta Administración. ¿Le alcanzará a Peña Nieto para limpiar las huellas del saqueo y dejar protegida su espalda y la de sus funcionarios corruptos?

Hace unos días Corral informó que en diciembre presentará un nuevo paquete de denuncias en contra del exgobernador priista, el balón estará ahora en la cancha del partido cuya presidenta nacional aseveró que el operador de Beltrones, el ex secretario general del PRI, era un “preso político”. Ojalá que la “Cuarta Transformación” incluya una Fiscalía autónoma e independiente y una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la que tiene Guatemala, de lo contrario, ¡ay nanita!

Enea Salgado

Columnista de El Mañanero de Brozo. Sarcástica, fan de Elvis, enamorada de Remedios Varo, taquera de hueso colorado. Dicen que soy guerrera. Amo la Baja, la bella Sierra Tarahumara, el mar y el 🍷

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